Por: Susana Gómez
Esperamos la mejor de las suertes para las candidatas mujeres del PSUV a la Asamblea Nacional, ya que ellas son imprescindibles para que la Asamblea legisle con voluntad de eliminar toda las leyes que oprimen doblemente a las mujeres pobres del país. Desde esta perspectiva, nos parece urgente y necesario que en la nueva Asamblea Nacional se reintroduzca el debate sobre la legalización del aborto y su inclusión con carácter gratuito en el sistema de salud público, porque no se puede caer en el juego de la doble moral burguesa, que amparándose en no sé qué moralidad religiosa, esconden el único Dios al que ellos veneran: el Dinero. Para ellos, los problemas morales se acaban donde empiezan los negocios y sólo manteniendo el aborto ilegal y fuera de la sanidad pública se garantiza que siga siendo un negocio privado con jugosas ganancias.
Las instituciones revolucionarias que son, o deben ser, laicas y socialistas, no pueden seguir escabullendo el problemas de los embarazos no deseados de las mujeres pobres, ya que sólo las ricas pueden abortar ilegalmente en buenas condiciones.
A pesar de que el aborto está tipificado como delito en ese reducto oscuro de conservadurismo y machismo, que es el código penal, podríamos sostener, con algunas reservas, que la interrupción voluntaria del embarazo ya está despenalizada por la sociedad.
¿Acaso alguien con un mínimo de sentido común y cordura se plantearía hoy en día perseuir y enjuiciar a las mujeres que interrumpen sus embarazos? No, y si se quisiera cumplir con la ley no alcanzarían las cárceles para encerrar a las cientos de miles de mujeres que abortan, ni alcanzaría ninguna medida asistencial pública para paliar el desastre que supondría tanto hogar destrozado.
Sin embargo, las reservas que colocábamos antes en el artículo tienen que ver, como todas las tareas del socialismo, con las diferencias y discriminaciones derivadas de la pertenencia a las clases explotadas. Y recalcamos, la Asamblea Nacional sólo será realmente socialista si legisla en pro de acabar con esas diferencias y discriminaciones, porque quien se considere socialista no puede permitir que la carencia de recursos económicos o informativos se convierta en una causa de enfermedad, de riesgo de muerte o de extorsión económica.
En Venezuela, interrumpir un embarazo no deseado presenta características muy diferentes dependiendo a la clase a la que se pertenezca. Algunas mujeres de clases privilegiadas sí tienen medios e información para acceder a abortos ilegales en buenas condiciones, pero las mujeres pobres se evn abocadas a abortos clandestinos peligrosos, por los que pagan sumas absolutamente desproporcionadas. Las más pobres son las que sufren las complicaciones y la fatalidad de los abortos mal practicados. Despenalizar el aborto e incluirlo en la red pública de salud contribuye a eliminar la injusticia social que genera la ilegalidad y reducir los altos costos humanos, sociales y sanitarios que conlleva la clandestinidad.
Nosotras, como mujeres, deseamos que nunca más una mujer tenga que abortar. Pero, como feministas y socialistas, sostenemos que mientras tengan que hacerlo, un gobierno revolucionario y que pretende avanzar hacia el socialismo debe garantizar que las mujeres pobres puedan hacerlo con las mismas garantías de respecto a su vida y su integridad física y psíquica que las mujeres pertenecientes a la burguesía.
De esta forma, porque no queremos tener que abortar, pedimos una amplia educación sexual y una extensa difusión gratuita de los métodos anticonceptivos, fundamentalmente preservativos. Porque no queremos que las mujeres pobres mueran o queden mutiladas, exigimos la legalización del aborto y su inclusión en la sanidad pública. Porque la realidad es que las mujeres abortan y mueren sin son pobres y jóvenes, exigimos el fin de una política de avestruz que sólo favorece al negocio privado de la salud, que especula y se enriquece con nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Por último, queremos recordar que la legalización de aborto en ningún país ha significado el aumento del número de abortos, pero sí la disminución del número de incidentes que acompañan la intervención médica, como muertes y esterilidad provocada por abortos realizados en malas condiciones, muertes (y nos disculpan lo reiterativas) que tiene un claro carácter de clase. En la actualidad, los avances médicos, fundamentalmente a través de la extensión de la píldora abortiva permiten que la interrupción voluntaria del embarazo sea muy segura, muy económica y muy poco traumática, ya que la labor de los médicos se restringe a revisar que la expulsión de tejido embrionario se haya realizado en su totalidad. Por tanto, hoy más que nunca la muerte de una sola mujer por un aborto clandestino es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, y mucho más de l@s que nos asumimos socialistas y no hacemos nada para evitarlo.
Esperamos la mejor de las suertes para las candidatas mujeres del PSUV a la Asamblea Nacional, ya que ellas son imprescindibles para que la Asamblea legisle con voluntad de eliminar toda las leyes que oprimen doblemente a las mujeres pobres del país. Desde esta perspectiva, nos parece urgente y necesario que en la nueva Asamblea Nacional se reintroduzca el debate sobre la legalización del aborto y su inclusión con carácter gratuito en el sistema de salud público, porque no se puede caer en el juego de la doble moral burguesa, que amparándose en no sé qué moralidad religiosa, esconden el único Dios al que ellos veneran: el Dinero. Para ellos, los problemas morales se acaban donde empiezan los negocios y sólo manteniendo el aborto ilegal y fuera de la sanidad pública se garantiza que siga siendo un negocio privado con jugosas ganancias.Las instituciones revolucionarias que son, o deben ser, laicas y socialistas, no pueden seguir escabullendo el problemas de los embarazos no deseados de las mujeres pobres, ya que sólo las ricas pueden abortar ilegalmente en buenas condiciones.
A pesar de que el aborto está tipificado como delito en ese reducto oscuro de conservadurismo y machismo, que es el código penal, podríamos sostener, con algunas reservas, que la interrupción voluntaria del embarazo ya está despenalizada por la sociedad.
¿Acaso alguien con un mínimo de sentido común y cordura se plantearía hoy en día perseuir y enjuiciar a las mujeres que interrumpen sus embarazos? No, y si se quisiera cumplir con la ley no alcanzarían las cárceles para encerrar a las cientos de miles de mujeres que abortan, ni alcanzaría ninguna medida asistencial pública para paliar el desastre que supondría tanto hogar destrozado.
Sin embargo, las reservas que colocábamos antes en el artículo tienen que ver, como todas las tareas del socialismo, con las diferencias y discriminaciones derivadas de la pertenencia a las clases explotadas. Y recalcamos, la Asamblea Nacional sólo será realmente socialista si legisla en pro de acabar con esas diferencias y discriminaciones, porque quien se considere socialista no puede permitir que la carencia de recursos económicos o informativos se convierta en una causa de enfermedad, de riesgo de muerte o de extorsión económica.
En Venezuela, interrumpir un embarazo no deseado presenta características muy diferentes dependiendo a la clase a la que se pertenezca. Algunas mujeres de clases privilegiadas sí tienen medios e información para acceder a abortos ilegales en buenas condiciones, pero las mujeres pobres se evn abocadas a abortos clandestinos peligrosos, por los que pagan sumas absolutamente desproporcionadas. Las más pobres son las que sufren las complicaciones y la fatalidad de los abortos mal practicados. Despenalizar el aborto e incluirlo en la red pública de salud contribuye a eliminar la injusticia social que genera la ilegalidad y reducir los altos costos humanos, sociales y sanitarios que conlleva la clandestinidad.
Nosotras, como mujeres, deseamos que nunca más una mujer tenga que abortar. Pero, como feministas y socialistas, sostenemos que mientras tengan que hacerlo, un gobierno revolucionario y que pretende avanzar hacia el socialismo debe garantizar que las mujeres pobres puedan hacerlo con las mismas garantías de respecto a su vida y su integridad física y psíquica que las mujeres pertenecientes a la burguesía.
De esta forma, porque no queremos tener que abortar, pedimos una amplia educación sexual y una extensa difusión gratuita de los métodos anticonceptivos, fundamentalmente preservativos. Porque no queremos que las mujeres pobres mueran o queden mutiladas, exigimos la legalización del aborto y su inclusión en la sanidad pública. Porque la realidad es que las mujeres abortan y mueren sin son pobres y jóvenes, exigimos el fin de una política de avestruz que sólo favorece al negocio privado de la salud, que especula y se enriquece con nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Por último, queremos recordar que la legalización de aborto en ningún país ha significado el aumento del número de abortos, pero sí la disminución del número de incidentes que acompañan la intervención médica, como muertes y esterilidad provocada por abortos realizados en malas condiciones, muertes (y nos disculpan lo reiterativas) que tiene un claro carácter de clase. En la actualidad, los avances médicos, fundamentalmente a través de la extensión de la píldora abortiva permiten que la interrupción voluntaria del embarazo sea muy segura, muy económica y muy poco traumática, ya que la labor de los médicos se restringe a revisar que la expulsión de tejido embrionario se haya realizado en su totalidad. Por tanto, hoy más que nunca la muerte de una sola mujer por un aborto clandestino es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, y mucho más de l@s que nos asumimos socialistas y no hacemos nada para evitarlo.
1 comentarios:
Cien por ciento de acuerdo!!! Deberíamos organizarnos para cuadrar una marchita a la AN con el proyecto de ley y exigiendo la reforma del Código Penal. Si no nos unimos, nos traga el Capitalismo!!!
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